Carlos Villacís defendió la posible inocencia de Paco Casal en caso de sobornos
Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dijo que esperará que la justicia norteamericana tomé una resolución en el tema FIFAGate, donde este 14 de noviembre se involucró a Paco Casal, dueño de GolTV y quién adquirió los derechos del campeonato ecuatoriano.
En primera instancia, Villacís dijo desconocer las declaraciones de Alejandro Burzaco, exdirectivo de Torneos y Competencias, ante un juzgado de Brooklyn, Estados Unidos, sobre este tema que sacudió al fútbol mundial.
Ken Besinger, periodista de BuzzFeed News, informó que Burzaco dio a conocer detalles de la corrupción detrás de todo el tema de los derechos de TV en el fútbol sudamericano. Entre sus declaraciones habría involucrado al polémico empresario uruguayo.
Burzaco dijo que Casal "tenía experiencia en dar coimas a todos los oficiales de la CONMEBOL para ganar los derechos de la Libertadores y la Sudamericana".
Por esa razón, Torneos y Competencias habría acordado incrementar los sobornos a favor de las federaciones de Colombia y Ecuador, para con eso descartar a Casal.
Villacís mencionó que desconocía la noticia, pese a que fue tendencia mundial. "No lo he leído. Este tipo de declaraciones deben sustentarse con pruebas. Ahora hay que ver que decide el juez correspondiente", dijo.
Según el directivo, serán las autoridades norteamericanas las que decidan la veracidad de las declaraciones de Burzaco. Sin embargo, evitó mencionar que pasará con el contrato entre la FEF y GolTv, si se llegan a comprobar los supuestos sobornos de Casal, denunciados por Burzaco.
A pesar de que decía desconocer el tema a fondo, Villacís terminó defendiendo la posible inocencia del charrúa. "No nos podemos adelantar, a algo que no sabemos. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", mencionó el presidente de la Ecuafutbol.
En junio pasado, la FEF y el empresario charrúa firmaron un contrato por más de USD 270 millones, por la venta de los derechos del campeonato ecuatoriano por los próximos 10 años. El convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero del 2018.